Juicio por Unidad 9

Complejo Penitenciario
UNIDAD 9
Centro Clandestino de Detención

La unidad penitenciaria número 9, es uno de los 12 Centro Clandestino de Detención del Circuito Camps. Ubicada en 76 entre 9 y 11 en la ciudad de La Plata.
Funcionó como Centro Clandestino de Detención en coordinación con el resto de los CCD del Circuito Camps entre 1976 y 1983. Alojaba detenidos políticos desde 1973.
Esta causa fue iniciada en el año 2002 adjudicada al Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata ante el juez Humberto Blanco, quien se declaró incompetente. Durante 8 años la causa dio vuelta de despacho en despacho hasta que en el 2009 se elevó a juicio por el mismo tribunal.
Como venimos denunciando estos son los juicios que tenemos y no los que queremos. Porque el juicio que comienza hoy sigue siendo fraccionado y a cuentagotas. Juzgando solamente a 14 genocidas; Abel D. Dupuy (Jefe U9), Isabelino Vegas (2° Jefe U9), Víctor Ríos (Jefe de Seguridad), Ramón Fernández “El manchado” (Guardia) a quien Felipe Solá nombró como Jefe de Inteligencia del Servicio Penitenciario en 2002, Elbio Osmar Cosso (Seguridad), Jorge L. Peratta (Vigilancia), Catalino Morel (Vigilancia), Héctor R. “Oso” Acuña (Director de Seguridad), Segundo A. Basualdo (Vigilancia), Valentín Romero (Guardia), Dr. Carlos D. Jurio (Médico torturador), Dr. Enrique L. Corsi (Médico torturador), Dr. Luis Favole (Médico torturador) trabaja en el Instituto Médico Platense, Raúl Aníbal Rebaynera (Guardia) por los siguientes hechos:
- Requisa del 13 de diciembre de 1976.
- Homicidios de Dardo Cabo, Rufino Pirles, Horacio Rapaport y Ángel Georgiadis y privación ilegitima de la libertad de Julio Urien.
- Tormentos seguidos de muerte en perjuicio de Marcos Ibáñez.
- Privación ilegítima de la libertad de Guillermo Segalli, Gonzalo Carranza y Miguel Domínguez.
- Homicidio de Juan Carlos Deghi.
- Tormentos seguidos de muerte en perjuicio de Alberto Pinto.
- Privación ilegítima de la libertad de Horacio Alejandro Micucci, Juan Destéfano y Juan Amadeo Gramano.
- Torturas: 35 casos.
- Familiares desaparecidos: 16 casos.
- Compañeros asesinados y desaparecidos: 12 casos.


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...Más impunidad

Actualmente, en las cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense el 70 % de los detenidos, en su mayoría pobres y excluidos, se hallan sin sentencia firme, sufriendo torturas y traslados constantes, viviendo en condiciones infrahumanas y sin alternativas de reinserción social.
En esta misma Unidad 9 que ayer sirvió de Centro Clandestino de Detención y hoy perpetúa la impunidad manteniendo en terribles condiciones de vida a los presos allí alojados, se inició el 18 de Marzo una huelga de hambre. A esta se sumaron más de 1300 presos de distintas cárceles del conurbano bonaerense y penales federales: la 45 de Melchor Romero, la 21 de Campana, Olmos, Varela, Marcos Paz, Ezeiza, Devoto.
El petitorio reclama la agilización de los trámites o sanción al Estado por no brindar el servicio de justicia en tiempo y forma, instaurando el derogado dos por uno. Asimismo se solicita la unificación de criterios en política criminal, dado que en el ámbito de provincia de Bs As y Nación existen distintas leyes de forma que atentan contra el principio de igualdad. La protesta se perfila a crear una mesa de diálogo entre detenidos y representantes de los tres poderes, para encontrar una solución.
Un muerto es el primer y triste saldo de la huelga, además de falta de controles sanitarios, traslados sucesivos, maltratos y torturas. Y sumado a ello, la gran inconformidad existente por parte de los detenidos y parte de la sociedad en general en cuanto al Código Penal y ciertas normas jurídicas.
Desde Olmos y Varela ya fueron trasladados varios huelguistas, algunos de ellos, además, estudiantes universitarios. El mecanismo consiste en sacar de los pabellones a los que firmaron el petitorio y a los que hacen huelga y llevarlos a celdas de aislamiento, a "buzones" de diversos penales. Los dejan ahí un día y los vuelven a trasladar a los buzones de otro penal. Los primeros trasladados fueron 4 estudiantes de periodismo de la U. 9, después también se le sumaron 5 estudiantes del Centro Universitario de la Unidad 45 de Melchor Romero, porque empezaban a debatir el tema de la medida de fuerza.

Por todo esto denunciamos la continuidad de la impunidad que reina en el aparato represivo del Estado, en este caso en su sistema penitenciario.



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...Jorge Julio López



En la década del '70, Jorge Julio López era albañil y militante de la Unidad Básica “Juan Pablo Maestre” de la JP que funcionaba en el barrio de Los Hornos. El 27 de Octubre de 1976 fue secuestrado por un grupo de tareas al mando de Miguel Etchecolatz, que también secuestró a varios de sus compañeros de militancia en la zona. López estuvo detenido desaparecido en varios Centros Clandestinos de Detención: el Destacamento y el Pozo de Arana, la Comisaria 5ta, la Comisaría 8va y la Unidad 9. Fue legalizado como preso político en abril del '77 y recuperó su libertad en junio del '79.

Detenido en Comisaría 8va, le informan en marzo del 77 que es legalizado ante el Poder Ejecutivo Nacional. En abril de ese año es trasladado a U9, estuvo detenido allí hasta el 25 de junio de 1979. Como figura en sus testimonios en el Juicio por la Verdad y en el juicio al genocida Etchecolatz, López reconoció a compañeros que estuvieron detenidos con él en la Unidad y a varios genocidas: reconoció a Jorge Ponce como chofer, al cual había identificado como partícipe de su secuestro en 1976 y como vecino de su barrio, y al “gangoso” al que había reconocido en el Pozo de Arana como asesino material de Patricia Dell´Orto, Ambrosio De Marco y Norberto Rodas. Sin embargo el caso López es dejado de lado tanto en la causa de Unidad 9, como en la de Comisaría 5ta, hecho que confirma lo que venimos denunciando.

Sus valientes y lucidos testimonios sobre esos crímenes en el Juicio por la Verdad y en el Juicio a Etchecolatz, ayudaron al avance de la investigación sobre el Terrorismo de Estado en La Plata. Sus dos testimonios fueron de vital importancia en la condena a cadena perpetua al genocida Etchecolatz, uno de los peores represores de la Bonaerense del coronel Camps. Fue nuevamente secuestrado el 18 de Septiembre de 2006, día en que se exponían los alegatos de la querella en Juicio contra Etchecolatz. El secuestro de Julio López es uno de los ejemplos más claros de las consecuencias de la impunidad y la vigencia del aparato represivo.


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La impunidad de ayer y hoy generan la de mañana


En cuanto al Estado General de los juicios al día de hoy 64 genocidas fueron
condenados, otros tantos están siendo juzgados en todo el país, y 634 más
ya están procesados. Es imprescindible señalar:

- que el 10% de los genocidas juzgados fueron absueltos de culpa
y cargo

- que 39 represores se encuentran prófugos desde hace años

- que todos los condenados y todos los procesados lo están por
un número de víctimas mucho menor al que les corresponde

- que continúan existiendo cárceles de lujo, y que muchos de los
procesados están en libertad o gozan de prisión domiciliaria

Pero sobre todo, y con mucha bronca, seguimos denunciando que a casi
7 años de anuladas las leyes de impunidad, la cantidad de procesados es
igual a la cantidad de campos de concentración que existieron en nuestro país.

Casi 7 años, apenas 1 represor por Centro Clandestino.


Por un lado, cientos de causas están literalmente paralizadas –en particular en el interior del país- debido a que muchísimos jueces y fiscales provienen de la dictadura o son cómplices, amigos, socios o familiares de los genocidas y no quieren ni juzgarlos ni condenarlos. Nada hace el Gobierno para modificar esta situación.
Por otra parte, aún los jueces y fiscales que pregonan su voluntad de hacer justicia, sólo acusan a un puñado de represores en cada causa, aquellos que integraban la cadena de mandos, a los emblemáticos o a los pocos que fueron reconocidos por los sobrevivientes a pesar de las vendas en sus ojos. Ni una palabra dicen de todos aquellos que estuvieron destinados en las dependencias oficiales donde funcionaron campos de concentración y que eran quienes golpeaban, vejaban y torturaban.
Tampoco la Secretaría de DDHH aporta a las causas los listados de personal de esos centros que tiene el Estado en sus archivos, ni impulsa el procesamiento de todos, ni denuncia a los fiscales y jueces que demoran las causas.
Así mismo, durante la dictadura funcionaron en La Plata unos 12 Centros Clandestinos de Detención, coordinados por miles de efectivos de la Policía bonaerense y de las Fuerzas Armadas. De esos miles de genocidas, sólo unos pocos están siendo enjuiciados por los procesos que nos propone el Estado argentino. Pero la investigación y sanción de los delitos cometidos por los verdugos de la dictadura cívico militar es una responsabilidad indelegable de ese Estado, incluidos sus tres poderes constitutivos.
Por todo esto denunciamos que no existe en muchos sectores del poder político una voluntad real de condenar el carácter masivo y planificado de la represión, en un concepto, de reconocer que lo que aquí sucedió fue un Genocidio.


EXIGIMOS:

- JUICIO POR CENTRO CLANDESTINO DE DETENCIÓN
- JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS, POR TODOS LOS COMPAÑEROS
- CÁRCEL COMÚN, PERPETUA Y EFECTIVA A TODOS LOS REPRESORES
- RESTITUCIÓN DE NUESTROS HERMANOS APROPIADOS
- JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES DEL SECUESTRO Y DESAPARICIÓN DE JORGE JULIO
LÓPEZ, LUCIANO ARRUGA, LUCIANO GONZÁLEZ Y DEMÁS DESAPARECIDOS EN "DEMOCRACIA"
- ESCLARECIMIENTO DEL ASESINATO DE SILVIA SUPPO


* Tomado del tríptico de HIJOS La Plata elaborado para el Juicio.